Por Estela Cammarota, Alejandra Portatadino y Natalia Zlachevsky
Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a los que gozamos por el solo hecho de ser seres humanos. Son irrefutables, inalienables (que no se pueden quitar) y universales: sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, género, origen étnico, color, religión, idioma, opinión política, propiedad o cualquier otra condición. Están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles, y se expresan y garantizan a través de leyes. Asimismo, los gobiernos deben tomar medidas positivas para facilitar el pleno acceso y disfrute de los derechos humanos básicos.
Desde el inicio de la modernidad el mundo ha avanzado en una dirección en la que los intereses individuales tienen mayor protagonismo por sobre los derechos colectivos. Esto se ha traducido en mayores libertades para las personas, pero también en el desamparo del bien común. En un mundo cada vez más desigual, el enfoque de derechos humanos es la herramienta para garantizar un marco de valores comunes y universales que, de algún modo, cuestione un modelo de sociedad que no privilegie el bienestar de sus ciudadanos.
Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, su alcance se ha ampliado y robustecido a través de numerosas convenciones, declaraciones y tratados internacionales, en diálogo permanente con aquellas realidades que han forzado su proclamación. Partiendo de la protección de la integridad física de las personas, hasta incluir consideraciones vinculadas con el bienestar, la salud y la igualdad de oportunidades.
Así, por ejemplo, el Derecho al Agua Potable y al Saneamiento se declara como derecho humano en 2010 a partir del reconocimiento de enfermedades directamente asociadas a su falta de acceso. Asimismo, en la actualidad se debate el reconocimiento mundial del derecho a vivir en un ambiente sano, producto de la exposición a la contaminación y el deterioro ambiental de las urbanizaciones concentradas.
Si bien suele hablarse de los derechos humanos de manera difusa,la realidad refleja que su ejecución es muy concreta, y que su aplicación efectiva pertenece a un entramado de distintos mundos como el derecho, la ciencia, la ingeniería y las ciencias sociales. Legislar, proteger, promover y desarrollar son acciones que van de la mano.
Cabe señalar que orientar estos campos de conocimiento hacia el cumplimiento de derechos exige una revisión de muchos de sus paradigmas fundacionales. En este sentido, garantizar el derecho al agua, a la salud, a la justicia, al trabajo o a la educación requiere de la ejecución de obras de ingeniería pero, al mismo tiempo, implica cuestionar el proceso de desarrollo de estas obras.
Una ingeniería con enfoque de derechos humanos refiere no sólo a que se concreten las obras para satisfacer esos derechos, sino a considerar las dimensiones transversales involucradas desde el inicio al cierre de los proyectos: la incorporación de las voces de los y las destinatarias en las distintas etapas, la no discriminación, la igualdad de género teniendo en cuenta el impacto diferencial de las obras en la vida de varones y mujeres, la transparencia en el manejo de los fondos, el reconocimiento de los saberes locales y la incorporación de otras disciplinas tan necesarias como el conocimiento técnico para diseñar y hacer proyectos con impacto social.
De este modo, hacer ingeniería para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales requiere de una profunda revisión de los orígenes de la disciplina, así como de algunos de sus supuestos: su concepción del desarrollo como dirección unilineal hacia un mayor crecimiento económico a partir del despliegue de tecnologías, el abordaje de los seres humanos como recursos, o la eficiencia como criterio de éxito en todo emprendimiento humano. De algún modo, implica un redireccionamiento y una deconstrucción que posibilitará nuevas formas de resolver los problemas comunes de un mundo desigual que pide a gritos una transformación profunda.
